Entrevista a Ollanta Humala en Público.es (España)

"Perú debe cambiar la relación entre el Estado y el capital"

Ollanda Humala. Líder de la oposición en Perú. El político progresista volverá a ser candidato a la presidencia en 2011 con un programa transformador en la línea de países como Ecuador y Bolivia


GORKA CASTILLO - MADRID - 22/07/2009 07:00

La imagen que proyecta Ollanta Humala (Lima, 1963) es la de un político reflexivo y preparado. Al frente del Partido Nacionalista, se prepara para afrontar el reto de llegar a la presidencia en 2011. Su objetivo es transformar el sistema económico vigente en Perú.

¿Qué originó el brote de violencia del 5 de junio en el Amazonas?

La confrontación violenta entre dos modelos de país. Por un lado, el del Gobierno y el de ciertos sectores de la economía que consideran que la propiedad de los territorios amazónicos no pertenecen a las comunidades porque carecen de educación y de capacidad de inversión. Además, defienden que es necesario que nos reafirmemos en la matriz exportadora para crear valor; es decir, la venta de los recursos naturales. Frente a esta visión están los pueblos originarios que reclaman la propiedad de un territorio en el que viven desde hace más tiempo que la existencia de la propia república.

¿Cuál es su posición en esta crisis?

Nosotros consideramos que la forma correcta de crear valor en esa zona es a través de un proceso de industrialización del país que sirvan al desarrollo, no sólo al crecimiento. En la Amazonia, las inversiones deben respetar la propiedad de las comunidades que allí viven, deben respetar el medio ambiente y deben permitir la participación de los residentes en calidad de socios.

Pero la cosmovisión indígena es compleja. En Ecuador, el presidente Correa también tiene problemas.

Aquí llevamos trabajando bastante tiempo en conformar una alianza electoral para gobernar. Es decir, somos conscientes de que necesitamos el concurso de las fuerzas sociales para llevar a cabo un proceso nacionalista de transformación del país.

¿Por dónde empezaría?

Hablamos de una refundación de la república y de una asamblea constituyente que vuelva a definir las relaciones entre el Estado y el capital.

¿Cree que la destitución del primer ministro, Yehude Simon, y el nombramiento de Javier Velásquez van a ayudar a calmar la tensa situación?

Es un cambio de caras pero no de política. Un cambio en el Gabinete soluciona una crisis de gobierno, pero no una crisis de régimen. El sistema de representatividad se ha colapsado en Perú porque muchas poblaciones del interior del país no confían en sus representantes debido a que son constantemente estafados.

Las protestas se dirigen contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU que Alan García prometió no firmar cuando era candidato y al final rubricó.

García también prometió rescatar la Constitución democrática de 1979 y seguimos con la de Fujimori pero con el agravante de que García la ha ampliado con 99 decretos legislativos donde deja constancia de que el Estado renuncia a la propiedad de los recursos naturales. Perú otorga hoy derecho de propiedad sobre la tierra a las empresas que extraen gas, petróleo, oro y plata; es decir, a los capitales multinacionales que tengan la tecnología para hacerlo. Las comunidades van en el lote.

Pero la imagen que se muestra de Perú es la de un modelo socialdemócrata exitoso.

El modelo de Alan García no tiene nada de socialdemócrata. El crecimiento es artificial porque los beneficiados son las transnacionales. La provincia de Cajamarca tiene el PIB más alto del país porque está Yanacocha, la mina que aporta la mitad de la producción de oro de Perú. Sin embargo, es el tercer departamento con mayor nivel de pobreza.

¿Qué puede aportar España para mejorar esta situación?

Para mí, son positivos los esfuerzos del Gobierno español por estar presente en todos los foros latinoamericanos. Lo que creo que falta complementar es ver qué están haciendo sus empresas multinacionales, que concepto de responsabilidad social corporativa aplican. Aquí hay mucho que hacer. Sobre todo porque si mejora esto, las relaciones entre comunidades y empresas van a ser muy fluidas.

¿La Constitución vigente, redactada por Fujimori, debe ser abolida de forma inmediata?

Por supuesto. Es una Constitución delicuencial, ya que fue escrita por Vladimiro Montesinos, el general Hermosa Ríos y el propio Fujimori, todos ellos en prisión. Pero también ampara un modelo ultraliberal que consagra la subsidiariedad del Estado al capital que está agotado.

Sin embargo, la hija de Fujimori, hoy diputada, está a la cabeza de los sondeos de popularidad.

Es cierto, aunque está disminuyendo. Pero yo no me fiaría de unas encuestas a dos años vista de celebrarse elecciones presidenciales y que no sabemos quién está pagando.

Usted también fue acusado de violar los derechos humanos.

Es curioso que antes de entrar en política, era un ciudadano correcto; pero una vez concluye la campaña presidencial, tenía once procesos penales sobre mis espaldas. No me fugué del país como Fujimori ni como Alan García. Decidí afrontarlos y salí absuelto de todos ellos.

Alan García mantiene vigente el Acta de Sujeción, un pacto firmado entre Fujimori y las Fuerzas Armadas para consagrar la impunidad de los militares. ¿Tanto poder tiene el Ejército?

En 2001 me levanté contra Fujimori por este acta y denuncié a los altos cargos militares por apoyar este documento. Aún hay generales en activo que firmaron esa aberración.

¿Cree que tal y como se están poniendo las cosas en Latinoamérica con el golpe en Honduras van a permitir que llegue a la presidencia?

Soy consciente de que si tuviéramos un discurso prosistema, no tendríamos tantas dificultades. Reafirmo mi hermanamiento con los procesos de transformación que se están dando en América Latina. Pero el caso hondureño está creando un precedente funesto que puede consagrar que el simple planteamiento de una asamblea constituyente pueda ser una causa justificada para un golpe de Estado.

En Honduras pasan los días y todo sigue igual.

Exacto, y mientras haya políticos que se postulen de árbitros se estará convalidando una situación irregular. Mi pregunta es: ¿Hasta dónde puede actuar la Administración estadounidense para ser coherente con sus palabras?